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na investigación encabezada por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), Guillermo Marijuan, revelo que, al menos, 9.041 empleados estatales de 20 provincias y CABA son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, algo que es incompatible.

Este tipo de irregularidades podrían tipificarse como defraudación contra la Administración Pública, y de acuerdo a los cálculos que realizó la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado asciende a $705.198.000 por mes, o de casi ocho mil millones de pesos anualizado.

Cabe destacar que la cifra aún no es definitiva, ya que todavía falta recabar la información correspondiente a Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca, distritos ya fueron intimados por Marijuan.

Guillermo Marijuan, titular de la UFISeS.

En este marco, Entre Ríos es una de las provincias con el menor número de casos registrados con 106.

La normativa del Potenciar Trabajo establece que una de las incompatibilidades para recibir el plan es la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado.

Además, se puntualiza como incompatible el ingreso y la permanencia en el Programa para quienes brinden alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos.

Más información en la nota titulada Potenciar Trabajo: más de 9.000 personas cobraban el plan social y eran empleados públicos, publicada en la sección Entre Ríos en los Medios Nacionales de INFORME DIGITAL.